Y ahora, ¿qué sigue?

29 Enero 2015

Es cierto que lo que ocurrió en Ayotzinapa es un episodio dolorosísimo. No es el primero en esta galería de horrores en que se ha convertido México en la última década. Y aunque habíamos visto la extrema crueldad, la inconcebible violencia con la que los grupos criminales han actuado en los últimos años, por alguna razón, la tragedia que vivieron los normalistas fue algo que nos llevó demasiado lejos y de donde nos está costando trabajo regresar. Sin embargo, Ayotzinapa nos abismó como no había ocurrido con San Fernando, o los granadazos de Morelia, o las historias del “pozolero”, o los colgados en Veracruz (o tantos otros episodios igualmente aterradores), por dos razones. Primero, porque su ocurrencia contrastó con el discurso del gobierno de Enrique Peña Nieto, que parecía decidido a reducir al mínimo imprescindible no la atención, pero sí la mención de las acciones contra el crimen (para distanciarse, estratégicamente de la que fue la marca discursiva de Felipe Calderón). Y segundo: porque por primera vez se comprobó la participación de un alcalde democráticamente electo, José Luis Abarca, en la comisión de los horrores.

Hoy vemos una población completamente polarizada y unas autoridades que dan la impresión de no querer nombrar con todas sus letras el verdadero problema de fondo. Así resulta imposible el punto de encuentro, el espacio propicio al diálogo, el puente para la reparación de las fisuras, para suturar la herida y, entonces sí, seguir adelante. Y es que lo que unos dicen, los otros lo desacreditan. Y de regreso. Y entonces entramos en el terreno de la insensatez; lo decíamos ayer apenas: pedir lo imposible (que regresen vivos) no es pedir justicia. La radicalización de la protesta, con el imposible como su demanda inamovible. Bienvenidos todos al terreno del absurdo. Bienvenidos al portal del caos. No hay manera, siquiera, de comenzar a mirarnos y admitirnos en nuestra delirante circunstancia.

¿Y si hacemos un alto? ¿Y si tratamos de encontrar la intersección en la que todos y cada uno de los mexicanos reconozcan un par de asuntos en los que podamos coincidir? ¿Qué acuerdo necesita hoy nuestro país? Pues uno que nos permita cambiar la narrativa al futuro que nos aguarda. Recuerdo que cuando se comenzó a hablar del tránsito a la necesaria transición a la democracia, se abrió el espectro para las distintas opciones. Academia, políticos, intelectuales y clase política lograron ponerse de acuerdo en algo: empezar por lo meramente electoral, que el voto de todos y cada uno de nosotros contara (y contara igual). Se creó el IFE, se le dotó de autonomía y se emitieron las credenciales para votar con fotografía. Y aunque la nuestra es todavía una democracia entre infantil y adolescente, lo que ahora nos correspondería en otro terreno, es hacer lo mismo: ponernos de acuerdo en un punto, mínimo imprescindible para transformar la realidad.

Qué importa si se es de izquierda (incluso radical), derecha (incluso ultra), centro, centro-izquierda, centro-derecha, centro-centro o ninguna de las anteriores. No imagino a nadie sensato sólo reconociendo las virtudes de lo que es idéntico a sí mismo. Somos una sociedad como cualquiera: mosaico de opiniones, percepciones, interpretaciones. Y dentro de toda esa (incluso neurótica) gama de universos propios, ¿en qué cosa nos urgiría ponernos de acuerdo? ¿Qué asunto nos resultaría benéfico a todos por igual?

Resultado de una conversación (a ratos acalorado debate) que tuvimos hace un par de semanas, entre varios colegas, amigos todos que traemos nuestras diferentes visiones de la realidad (tantas veces totalmente contrapuestas), encontramos que sí había un espacio en el que querríamos todos invertir como proyecto de futuro para este México tan abollado: Estado de derecho, justicia, cumplimiento de la ley. Derivado de esa conversación escribía, pues, hace dos días mi querida Sabina Berman: “La fortaleza de las naciones acaso resida en el tamaño de su relato del futuro. No en sus recursos naturales, que pueden permanecer inactivos e inútiles, o cuya ganancia puede ser acaparada por pocos, no distribuida a muchos. No en lo admirable de sus leyes, que pueden asfixiar la convivencia natural o al contrario, permanecer sin aplicar, letra muerta en libros cerrados. (...) Sólo con odios colectivos. Sólo con rechazos universales. Pero el rechazo no es un futuro. ¿Cuál será el nuevo relato que pudiera atarnos a un rumbo común? De seguro tendrá que irse apalabrando en los sectores de la sociedad aún con un lenguaje creíble. ¿Y cuál será la palabra clave, la palabra donde se sintetice el futuro deseable del país? Más que aseverar, adivino. ‘Estado de derecho’. ‘Acatamiento universal de la ley’. ‘Justicia’. Expresiones no idénticas, pero sí que apuntan hacia otro México que el actualmente padecido. El del bla, bla, bla de los corruptos. El país de la palabra insignificante”.

Curiosamente (y de eso no habíamos conversado) ayer yo escribía en ese mismo sentido: la importancia del lenguaje, de aprender a nombrar a las cosas por su nombre, a narrar nuestra realidad de manera puntual y no sólo desde sus eufemismos o sus hipérboles alucinantes. Empecemos pues, por la honestidad en la palabra, por su apego a la realidad, para transitar hacia el verdadero apego a la legalidad y a la completa honestidad de la impartición de la justicia. Que aquello de “respeto al Estado de derecho” deje de ser una fórmula vacía (o utilizada a conveniencia); que aquello de “ninguna persona por encima de la ley” deje de ser un arma secreta para violarla cuanto sea posible; que aquello de “justicia para tal o cual” deje de ser la consigna del odio, el rencor y la venganza. Porque a todos nos conviene: que la ley y ninguna otra consideración sea nuestro nuevo e incuestionable pacto social, nuestro acuerdo de futuro. Y no es ninguna utopía: es una construcción en colectivo. ¿Quién se suma?