De la tortura en México y la reacción del gobierno

12 Marzo 2015

Qué vergüenza las conclusiones preliminares sobre lo que ocurre en México de acuerdo con Juan E. Méndez, “Relator Especial de Naciones Unidas sobre la tortura y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes”. He aquí un retrato triste, penoso, repugnante del país en el que vivimos:

“En general las alegaciones y testimonios recibidos se refieren al uso de la tortura y los malos tratos en las etapas inmediatamente posteriores a la privación de la libertad y antes de la puesta a disposición de la justicia. Asimismo, el uso de la tortura y los malos tratos aparecen excesivamente relacionados a la obtención forzada de confesiones y a la averiguación de información. En este contexto, el Relator nota con preocupación el elevado número de alegaciones relacionadas con la fabricación de pruebas y la falsa incriminación de personas como consecuencia del uso de la tortura y los malos tratos. Asimismo, el Relator encuentra inquietante un notorio patrón en lo que respecta a la práctica de la tortura y los malos tratos. En este sentido, una amplia mayoría de los casos alegados comienza con la intrusión sin orden de cateo en domicilios o la privación de la libertad sin orden judicial por agentes vestidos de civiles y en autos no identificados, seguido por la destrucción y robo de propiedad privada, los golpes y amenazas a las víctimas, sus familiares o demás personas presentes, y el traslado forzoso de las víctimas con los ojos vendados a sitios usualmente no identificados. Las alegaciones se refieren repetidamente al uso de insultos y amenazas para intimidar a las víctimas; los golpes tanto con puños, pies y palos en diversas partes del cuerpo; el uso de bolsas para causar asfixia; los toques eléctricos con la llamada chicharra, generalmente en los genitales; la desnudez forzada; la asfixia húmeda; la suspensión; y la violencia sexual. Asimismo, el Relator constató numerosos casos en los que los detenidos fueron exhibidos de manera forzada ante los medios de comunicación catalogándolos de delincuentes. Si bien el Relator reconoce que esta práctica ha disminuido, continúa ocurriendo con cierta frecuencia y le resulta de especial preocupación en tanto viola el principio de presunción de inocencia y constituye una humillación de las personas”.

En cuanto a las mujeres encarceladas, viven en “condiciones de hacinamiento y falta de asistencia médica y atención específica a las necesidades físicas e higiénicas de las mujeres. Sin perjuicio de esto, y más generalmente relacionado con la violencia de género, el Relator transmite al Gobierno su inquietud respecto las numerosas alegaciones recibidas relativas a torturas y malos tratos de mujeres en las etapas inmediatamente posteriores a su privación de la libertad, incluyendo casos de menores de edad. Estos tratos incluyen predominantemente, y en forma adicional a muchas de las prácticas referidas en forma general, las amenazas e insultos que buscan humillar a las víctimas por su especial condición de mujer, así como diversas formas de violencia sexual, incluyendo la violación”.

¿Y cuál fue la reacción de nuestro gobierno frente a estas conclusiones? En lugar de asumirlas y comenzar a corregirlas, rechazó los hallazgos: “No podemos compartir la observación de que la tortura es generalizada en el país porque no corresponde con la realidad”, dijo Jorge Lomónaco, representante de México ante los organismos internacionales. Por su parte, el secretario de Relaciones Exteriores, José Antonio Meade, aseguró que el relator de la ONU sólo encontró 14 presuntos casos de tortura y que en 13 “hemos podido ya aportar elementos de avances significativos”.

¿Se vale una respuesta así? Como son sólo 14 casos, ¿no hay que preocuparnos? ¿Catorce son pocos, son muchos, son suficientes para decir que es un fenómeno aislado o generalizado? ¿De verdad importa? ¿Por qué el rechazo del gobierno a una auditoría internacional de este tipo? ¿No sería mejor admitirla y trabajar para que haya cero casos de tortura en México?

Resulta patética la defensa del statu quo de un sistema judicial podrido hasta la médula. El primer paso para resolver un problema es reconociendo su existencia. Y nuestro gobierno se resiste a hacerlo.

Twitter: @leozuckermann