Quieren importar energía eléctrica; proyecto de dictamen
CIUDAD DE MÉXICO, 13 de junio.- En su propuesta sobre las leyes secundarias de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, el Senado busca abrir la puerta a que México importe energía eléctrica, incluso, sin usar la red de transmisión de la CFE.
Las comisiones de Energía, presidida por el priista David Penchyna, y de Estudios Legislativos Primera, que encabeza el panista Raúl Gracia, anoche hicieron público el proyecto de dictamen de la nueva legislación que también propone multas de hasta 13 millones de pesos para quien robe o comercialice ilegalmente con energía eléctrica.
El proyecto, que modifica la iniciativa del Ejecutivo, busca, además, aumentar sanciones contra los usuarios que nieguen el “acceso a sus predios a las personas autorizadas para verificar que los medidores y demás instalaciones funcionen de manera adecuada y cumplan con los requisitos aplicables”.
Abren puerta a importación de energía eléctrica
El proyecto de dictamen cuida los derechos de los dueños de las tierras y prohíbe abusar de la población vulnerable.
Las comisiones unidas del Senado abrieron la puerta para que México importe energía eléctrica, incluso sin usar la red de transmisión de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), como parte de las innovaciones de la reforma energética, amén de proponer multas de hasta 13 millones de pesos a quien robe o comercialice ilegalmente la energía eléctrica.
Anoche, las comisiones de Energía, presidida por el priista David Penchyna, y de Estudios Legislativos Primera, que encabeza el panista Raúl Gracia, hicieron público el proyecto de dictamen de las nuevas leyes de la Industria Eléctrica y de Energía Geotérmica, con cambios a la iniciativa original del presidente Enrique Peña, entre ellas la importación de energía eléctrica y la prohibición del abuso de la buena fe y falta de conocimiento de campesinos e indígenas de las tierras donde se desarrolle esta industria, por parte de los empresarios.
El proyecto de dictamen, que desde anoche está en la página principal del sitio web del Senado, también fortalece a la Comisión Reguladora de Energía (CRE), al quitarle cinco facultades que tenía la Secretaría de Energía para trasladarla a ella, amén de que esclarece el proceso que se aplicará para que los interesados en invertir en energía puedan llegar a un acuerdo con los dueños de las tierras, a fin de evitar la expropiación y garantizar beneficios económicos a los dueños.
En el régimen transitorio, las comisiones unidas decidieron en el Noveno, que “a partir de la entrada en vigor de la Ley de la Industria Eléctrica, se podrán importar energía eléctrica y Productos Asociados”.
La importación, aclara, se podrá realizar “sin utilizar la Red Nacional de Transmisión o las Redes Generales de Distribución”.
También se podrá realizar “en términos de las disposiciones que emita la Comisión Reguladora de Energía para reglamentar dichas transacciones hasta la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista o por los comercializadores y los usuarios calificados participantes del mercado, a partir de la entrada en operación del Mercado Eléctrico Mayorista”.
Aclara que “las centrales eléctricas ubicadas en el extranjero podrán ser representadas en el mercado eléctrico mayorista por comercializadores que no sean suministradores. Los comercializadores que realicen esta actividad se sujetarán a las obligaciones de los generadores con excepción de la estricta separación legal”.
De acuerdo con la nueva Ley de la Industria Eléctrica, “la generación, transmisión, distribución, comercialización y la proveeduría de insumos primarios para la industria eléctrica se realizarán de manera independiente entre ellas y bajo condiciones de estricta separación legal; de la misma manera, se separarán el Suministro de Servicios Básicos y las otras modalidades de comercialización”.
El proyecto de dictamen tiene una innovación para cuidar los derechos de los dueños de las tierras, pues amén de que traslada a la Ley de la Industria Eléctrica lo que establece la Ley de Hidrocarburos en materia de expropiaciones y convenios previos que garanticen un beneficio económico, establece la prohibición de abusar de la población vulnerable.
Añade que “en los casos en que se acredite que dichos interesados incurran en las conductas señaladas en este artículo en más de una ocasión, los permisos o autorizaciones podrán ser revocados o rescindidos los contratos que hubieren celebrado”.
De igual forma, ordena que “con la finalidad de tomar en cuenta los intereses y derechos de las comunidades indígenas en los que se desarrollen proyectos de la industria eléctrica, la Secretaría de Energía deberá llevar a cabo los procedimientos de consulta necesarios y cualquier otra actividad necesaria para su salvaguarda, en coordinación con la Secretaría de Gobernación y las dependencias que correspondan.