¿Que esconde el gobierno mexicano en el caso de la petrolera brasileña?

25 Abril 2018

Campanario/Martín Sánchez Treviño

Uno de los temas que mediáticamente están sin esclarecer y que debería actuarse con plena transparencia, es el relacionado con la petrolera brasileña que habría ganado contratos en las licitaciones de Pemex, y en épocas electorales vuelve a estar vigente en la prensa nacional e internacionales, ya que se trata de una empresas como es Odebrecht, que indaga el gobierno de Estados Unidos desde el 2016, debido a que se ha comprobado que su forma de operar es a través del pago de sobornos a sus clientes, a cambio de obtener contratos. No es propio de su relación la Petróleos Mexicanos, sino también con otras similares de países latinoamericanos.

En los que figura Panamá y Brasil, Angola argentina, Perú, Mozambique que en suma es una docena de países donde la petrolera de origen brasileña habría incurrido en irregularidad, vinculadas a la corrupción.

Aunque sus inicios de operar de manera irregular datan desde 1987, cuando se detectó un funcionamiento irregular en el mismo país brasileño, que llevo a los legisladores de ese país a exigir una investigación en torno a Odebrecht.

En México las indagatorias se ubican entre el 2010 y 2014 por sobornos del orden de los 10 millones de dólares. Al parecer las indagatorias apuntan hacia los recursos que habría utilizado el PRI en las elecciones presidenciales del 2012.

Y podría ser ese uno de los motivos por los cuales se decidió que la indagatorias y el resultados de estas se puedan reabrir hasta el 2021, es decir dentro de tres años. La investigación involucra directamente a Ignacio Lozoya ex director de la paraestatal mexicana, quien si bien declaró sobre algunas irregularidades de la empresa, pero sigue libre de proceso.

Hasta antes de que iniciara el proceso electoral 2017-2018 el ex director de Pemex estuvo sujeto a las investigaciones que practicó la Procuraduría General de la República en torno a la caso de Odebrecht. El caso da para más

Y casualmente el caso fue cerrado por las mismas autoridades judiciales, que establecieron como plazo hasta 3 años después, para reanudar las indagatorias del caso que les ocupa. Es un asunto en torno al cual también la justicia norteamericana no ha dicho esta boca es mía.

Ya que se supone que en México las autoridades judiciales abrieron un proceso de investigación en Pemex, en el que también participaron dependencias como la Secretaria de la Función Pública así como la Secretaria de la Contraloría. Pues al parecer se pretendió sepultar las sospechas de la participación de funcionaros del gobierno mexicano en un caso escabroso.

Resulta entendible y obvio que si el caso se declaró cerrado ante las solicitudes de información de los medios informativos de circulación nacional de simpatía con la derecha y la izquierda, aumentan las interrogantes respecto a quienes se pretende encubrir o encubre el pingüe negocio de la petrolera brasileña y el aparato gubernamental mexicano.

Cuando del asunto de Odebrecht se ocupó la prensa extranjera y mexicana, fue precisamente cuando se lanzó por parte de la federación un programa frontal de combate a la corrupción, cuyo fiscal aún no ha sido designado. ´

Pero si genero expectativas suficientes para abrir indagatorias en torno a una veintena de ex gobernadores de entidades del territorio nacional, por lo mismo se advierte que el cierre de las indagatorias tiene una trascendencia que va más allá del presente proceso electoral.

En otro orden, en la época del nuevo rector de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, José Andrés Suárez, se han privilegiado las tareas de investigación en las unidades multidisciplinarias de la máxima casa de estudios tamaulipeca. Es una de las actividades fundamentales de toda alma mater.