Pemex deja de ser monopolio; Senado aprueba ley energética
CIUDAD DE MÉXICO, 18 de julio.- Con 90 votos del PRI, PAN y Partido Verde contra 28 de la izquierda, el pleno del Senado aprobó la Ley de Hidrocarburos, columna vertebral de la Reforma Energética, la cual pone fin al monopolio de Pemex en gasolinas, transporte, exploración, extracción y ductos.
La ley incluye 80 reglas que obligarán a los competidores extranjeros a pagar impuestos y a acatar la ley. Después de 76 años de monopolio de Pemex, la apertura del sector energético tiene una serie de medidas para evitar que los inversionistas nacionales o extranjeros intenten poner en riesgo la seguridad energética del país, al negarse a distribuir o producir gasolina o gas.
Inicia nueva era petrolera
El Senado pone fin a monopolio de Pemex en gasolinas, transporte y exploración, y fija reglas para los competidores extranjeros.
El pleno del Senado aprobó ayer en lo general, con el voto del PRI, PAN y Partido Verde, la Ley de Hidrocarburos, columna vertebral de la Reforma Energética, con lo cual arranca la nueva era petrolera, al poner fin al monopolio de Pemex en gasolinas, transporte, exploración, extracción y ductos, pero con 80 reglas que impedirán a los competidores extranjeros dejar de pagar impuestos o ignorar las leyes nacionales.
La nueva Ley de Hidrocarburos, avalada ayer con 90 votos contra 28 de la izquierda, después de 13 horas y 21 minutos de discusión y 109 oradores, establece las reglas de la competencia, donde los nacionales tendrán oportunidad de crecer frente a los titanes internacionales.
Permite la importación de gasolinas por parte de particulares a partir de 2017, suelta el negocio de transporte y ductos de gas y petróleo; crea un árbitro de la competencia; considera a Pemex agente económico dominante para que contenga su poderío a fin de dar espacio a los nuevos competidores; coloca incentivos para que los extranjeros ayuden a México a sacar la riqueza petrolera de aguas profundas del golfo de México y establece las reglas para lograr una cooperación con Estados Unidos para la explotación de los yacimientos transfronterizos.
De igual forma, crea un sistema de protección jurídica para los dueños de las tierras ricas en hidrocarburos, sin incluir la expropiación, incluso los considera “socios” de las grandes empresas para que reciban el beneficio de los energéticos e instruye al gobierno federal a tener un programa de subsidios focalizados para los mexicanos más pobres en las zonas rurales y urbanas para la adquisición de gas LP.
Pero la apertura del sector petrolero, a 76 años de ser el monopolio de Pemex, está acompañada de una serie de medidas que sujetan a los nuevos inversionistas, nacionales e internacionales, pues además de condicionar los contratos al respeto absoluto de las leyes laborales, fiscales, ambientales y de transparencia mexicanas, se crearon disposiciones precisas para evitar que los inversionistas nacionales o extranjeros intenten poner en riesgo la seguridad energética del país al negarse a distribuir o producir gasolina o gas.
Cuando el presidente Lázaro Cárdenas decretó la expropiación petrolera en 1938, explicó a la nación que las empresas extranjeras conspiraban contra su gobierno y se negaban a acatar las leyes del país.
Ocurrió que las compañías petroleras internacionales se negaron sistemáticamente a acatar las leyes nacionales, entre ellas las laborales, a pesar de que la Suprema Corte anunció que era obligación de las empresas aumentar el salario a los trabajadores, agrupados en el Sindicato de Trabajadores Petroleros de la República Mexicana; no pagaban impuestos y cuando querían, dejaban al país sin abastecimiento de hidrocarburos.
El dictamen aprobado ayer por el pleno del Senado en lo general precisa que cuando las autoridades encargadas de dar los contratos decida intervenir para evitar que el permisionario deje de cumplir con su compromiso, podrá utilizar al mismo personal del operador para prestar el servicio.
“La autoridad deberá notificar al permisionario la causa que motiva la intervención y señalar un plazo para subsanarla. Si dentro del plazo establecido el permisionario no la corrige, la autoridad procederá a la intervención, sin perjuicio de las sanciones y responsabilidades en las que, en su caso, incurra el Permisionario.
Aclara que los asignatarios, quienes serán los que extraigan petróleo y gas, están obligados a respetar las leyes laborales, fiscales, ambientales y de transparencia del país, y con ello el escenario del exceso de poder de las empresas extranjeras se esfuma.
Las sanciones
Amén de rescindir los contratos y tomar control de las instalaciones, el Estado, a través de la Secretaría de Energía, de la Comisión Nacional de Hidrocarburos, Comisión Reguladora de Energía y las secretarías de Hacienda y Economía, podrán aplicar un catálogo de 42 tipos de sanciones.
La mínima de esas sanciones es de 15 mil días de salario mínimo y la máxima es por 7.5 millones de veces del salario mínimo; hay dos tipos de sanciones máximas de 75 mil veces el salario; una de hasta 750 mil veces; siete de hasta 225 mil veces; dos de hasta cinco mil veces; ocho de hasta 450 mil veces; una de hasta 15 mil veces; siete de hasta 300 mil veces; una de mil 700 veces y cuatro de hasta 150 mil veces.
Las multas más graves son de hasta 7.5 millones de veces el salario mínimo a quien sin asignación o contrato realice labores de exploración y extracción de hidrocarburos, así como contra la empresa que proporcione información falsa, alterada o simule registros de contabilidad.
Multas de hasta seis millones de veces el salario mínimo a quien realice actividades de desarrollo y producción de hidrocarburos sin el sistema de medición aprobado por la Comisión o a quien sin autorización realice cesión, enajenación, traspaso o gravamen total o parcial de los derechos u obligaciones derivados de un contrato para la exploración y extracción.
PRI descarta afectaciones
El dirigente del PRI, César Camacho, aseguró que el sector campesino de su partido garantizará en el Congreso los derechos sociales de la tierra, en la definición de las leyes secundarias en materia energética.
Rechazó que la propiedad ejidal se encuentre en riesgo. Pero admitió que el gobierno federal y los legisladores deberán superar el reto de comunicar con éxito el significado del término “ocupación temporal” que sustituyó al de expropiación. Esto para el caso de los terrenos con recursos petroleros que habrán de explotarse por inversionistas privados.
Se le preguntó si esa figura jurídica, la de ocupación temporal, podría vulnerar los derechos de los campesinos. “En absoluto”, dijo.
Argumentó que los campesinos agrupados en ejidos o comunidades también serán beneficiarios de la Reforma Energética.