No sólo Ayotzinapa

27 de Enero de 2016

En marzo de 2011, cerca de 40 camionetas llegaron a Allende, Coahuila. Los pasajeros de los vehículos rápidamente cerraron los accesos a esa comunidad. Después de esto, sacaron a los habitantes de sus casas, alrededor de 300 personas. Jamás se volvió a saber de ellas. Así lo reportó el diario El País en julio de 2014. En la investigación firmada por Jan Martínez Ahrens nos enteramos que la mayoría de las víctimas eran familiares de dos cabecillas locales de Los Zetas, se lee que todo habría sido una venganza ordenada por Miguel Ángel Treviño Morales, El Z-40. Ni la cantidad de personas desaparecidas ni los detalles que se revelaron de este “operativo” fueron suficientes para que el asunto se convirtiera en una prioridad para el gobierno estatal que cuando ocurrió todo estaba en manos de Jorge Juan Martínez López, gobernador interino tras la salida deHumberto Moreira; era también la segunda parte del sexenio de Felipe Calderón. Luego llegó el nuevo gobierno del estado a cargo de Rubén Moreira y nada pasó. A nivel federal tampoco ocurrió nada. Regresó el PRI a Los Pinos y nada, nada siguió pasando sobre lo acontecido en Allende, Coahuila. Resumiendo: 300 personas desaparecieron y es día que no se sabe nada de ellas. Al mismo tiempo, el contador de desapariciones avanzaba en Ciudad Cuauhtémoc, Chihuahua. Hace un par de días, Milenio reportó que durante los últimos ocho años, el Registro Nacional de Datos de Personas Extraviadas o Desaparecidas del Sistema Nacional de Seguridad tiene registrada la desaparición de 309 personas; aunque Amnistía Internacional dice que son 351. Es el municipio con la tasa de desapariciones más alta del todo el país. Organizaciones como Human Rights Watch tiene registros que hablan de desapariciones también en los estados de Baja California, Nuevo León, Tamaulipas, Zacatecas, San Luis Potosí, Jalisco, Guanajuato, Michoacán y, claro, Guerrero.

El caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa encendió el foco rojo de este asunto, pero no es, ni de lejos el único ni el más grave, tampoco fue el primero y menos el último. A raíz de las investigaciones que se generaron al respecto, las autoridades hallaron alrededor de 105 cuerpos en los alrededores de Iguala, nada más ahí. Lo más curioso de esto, es que aún se trabaja en su identificación. No se sabe quiénes son. En algún lugar, alguien está pidiendo, buscando, orando por cada uno de esos cuerpos.

El lunes 11 de enero en Veracruz, el gobernador Javier Duarte se empeñó en decir que no pasa nada, nada por lo que valga la pena hacer mención, cinco jóvenes se encuentran desaparecidos. Fueron levantados por policías estatales, igual que como ocurrió con los jóvenes de Ayotzinapa, y nadie sabe dónde están. En esa misma semana, apenas cuatro días después, en Zapata y Maltrata se hallaron dos fosas, en total se contaron 15 cadáveres. La pregunta vuelve a ser, ¿quiénes eran? Durante el tiempo en que Duarte ha despachado en el estado, asegurando que todo en Veracruz a cambiado para bien, se han encontrado cerca de 13 cementerios clandestinos. La misma Fiscalía General del Estado ha registrado cerca de 950 denuncias por desapariciones. A partir del 26 de septiembre de 2014, como fecha en que el foco rojo se prendió, la atención no de los medios sino de las autoridades encargadas del gabinete de seguridad, debió escribir en su lista de prioridades. Pero es enero de 2016, y no ha habido compromisos reales al respecto ni siquiera un movimiento real en Gobernación que hable de que el tema está entendido, a que habrá alguien que pague por la omisión. Sí. Ayotzinapa duele e indigna. Pero no sólo Ayotzinapa.

Excelsior