Morena duda de asociación que contrató a Mitofsky para encuesta en BCS

SDP Noticias 

La Paz, Baja California Sur (BCS).  El representante de Morenaen el Consejo General del Instituto Estatal Electoral (IEE),enla entidad, Adrián Chávez Ruíz, cuestionó la autenticidad de la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Baja California Sur AC que contrató a Consulta Mitofsky para la elaboración de la encuesta presentada el ocho de abril de 2015. Exigió a la autoridad electoral investigar a fondo.

“Es sospechoso” el pago de 301 mil pesos en una sola exhibición, según lo demuestra la factura 1044 emitida por Consulta Mitofsky, expresó el morenista a los consejeros, porque no existe la agrupación civil en el padrón de empresas de seguridad privada de la Secretaría de Gobernación Subsecretaría de Seguridad Pública del Estado de Baja California Sur.

“¿Una asociación de seguridad privada? Es notorio y llamativo que una AC este pagando una herramienta de medición cerca del medio millón de pesos, en el que trabajaron más de 50 encuestadores, pero no existe un solo antecedente de dicha empresa en cualquier lugar”, reveló.

Consulta Mitofsky encuestó a 1,300 personas para conocer la tendencia electoral en las primeras semanas de contienda en la media península.

Los resultados colocaron al panista Carlos Mendoza Davis con preferencia efectiva de 42.3 por ciento, eliminando 21,8 por ciento que no decidió declarar, posicionándose por encima de Ricardo Barroso Agramont de la alianza PRI-PVEM-Panal que alcanzó 32.0 por ciento.

Enseguida, Jesús Druk González logró el tercer puesto con 18.4 por ciento, seguido de Víctor Castro Cosío de Morena con 5.7 por ciento.

Por ello, para evitar irregularidades de las empresas de medición y partidos políticos, la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales, en su artículo 251, párrafo cinco establece:

“Quien solicite u ordene la publicación de cualquier encuesta o sondeo de opinión sobre asuntos electorales, que se realice desde el inicio del proceso electoral hasta el cierre oficial de las casillas el día de la elección, deberá entregar copia del estudio completo al Secretario Ejecutivo del Instituto, si la encuesta o sondeo se difunde por cualquier medio”.

Consulta Mitosfky  mostró, en la presentación de resultados, que quien los había empleado era una persona moral, es decir, una personalidad jurídica creada por una o más personas físicas para cumplir un objetivo social, en este caso, laAsociación de Empresas de Seguridad Privada de Baja California Sur AC.

Sin embargo, el revisar el Registro Federal de Contribuyentes  (RFC)OODC710723US3 del organismo contratante, Adrián Chávez descubrió que pertenecía a una persona física de nombre Carlos Enrique Ochoa Donadio.

Además, manifestó que la dirección  de la AC, es la misma que tiene Ochoa Donadio, ubicada en calle Cactuz MZ. Nueve, lote 10, colonia magisterial, Código Postal 23430, San José del Cabo, en el municipio de Los Cabos. Y no encontró oficina alguna.

“No existe el registro de dicha empresa ante la Secretaría de Gobernación, no existe por ningún lado en Los Cabos, ni en el registro de asociaciones civiles deLos Cabos, donde su domicilio coincide con el de una persona que es la que firma la solicitud de realización de la encuesta”, precisó.

La observación la hizo luego de la revisión del informe que rindió la Secretaría Ejecutiva del IEE, el 28 de abril, para dar cumplimiento al acuerdoINE/CG220/2014, el cual, ordena comunicar quién patrocinó, solicitó y pagó el sondeo.

A su vez, la Asociación de Empresas de Seguridad Privada de Baja California Sur AC sufragó a cuatro medios de comunicación para la difusión de los resultados electorales.

“Finalmente, nos parece sospechoso que una asociación civil tenga los recursos para pagar este instrumento, ¿cuánto es el pago y cuánto por las cuatro publicaciones que tiene enlistada? (…) No quisiéramos que esta sea una forma de crear una organización civil para una maniobra para determinado aspirante e introducir recursos que le beneficien y no impacte en recursos de campaña, esto es una condición de delito, es una cuestión penal”,