En deuda por los desaparecidos
31 Agosto 2016
En deuda por los desaparecidos
Campanario/Martín Sánchez Treviño
La deuda con los parientes de los desaparecidos por la
inseguridad y la violencia de los últimos cuatro años en esta entidad, es
superior a los 12 mil millones de pesos en deuda que la actual administración
heredara al próximo gobierno. Porque la dignidad de las personas y sus derechos
no tienen precio y aunque se han creado organismos públicos para recuperar a
las personas que un día salieron de sus hogares y no regresaron, los entes creados
para esos fines carecen de herramientas y recursos que les permitan dar
respuesta a esa demanda de la sociedad tamaulipeca. Más aún los organismos no
gubernamentales coinciden en que el 99 por ciento de las denuncias ante un
ministerio público están impunes.
Los familiares de los desaparecidos se reunieron ayer en el centro de
excelencia de la Universidad Autónoma de
Tamaulipas, donde escucharon ponencias
sobre los daños derivados por la ausencia de personas, que un día formaron
parte del núcleo familiar y social, pero que al amanecer o anochecer
desaparecieron.
Decenas de víctimas ocuparon la sala
principal, permanecieron en la sala hasta concluir la celebración del día
internacional de las desapariciones forzadas. Que los participantes optaron por
llamar un día de luto por los desaparecidos.
La interpretación más completa sobre
el fenómeno de las desapariciones estuvo a cargo de Josefina de León, quien
también es víctima por la desaparición de su hija. Afirmó que la cifra de los
desaparecidos asciende a más 7 mil personas durante los últimos cuatro años.
Y la cifra podría incrementarse conforme
otras víctimas documenten sus denuncias ante las instancias legales que ha
creado el estado para esas cuestiones. Pero también hay quejas en contra de las
fiscalía, porque los parientes de los desaparecidos consideran que hay una
revictimización de parte de la autoridades, que se niega a investigar el
paradero de los no localizados.
Tiene
razón la señora cuando destaca que las cifras por la violencia y la inseguridad son mayores, porque agrega las personas
desplazadas de sus lugares de origen, que en la mayoría de los casos se trata
de familias completas lo mismo que de núcleos de población, rural o urbano.
Es una explicación de las viviendas
abandonadas en zonas rurales y urbanas, circunstancia ante la que las
autoridades gubernamentales han preferido asilenciar y por lo mismo, los
quejosos aseguran que es la propia autoridad quien a hecho lo propio para impedir que los
familiares de los desaparecidos se organicen.
Por esa razón los quejosos argumentan
que los protocolos de búsqueda no se han aplicado en ninguno de los casos
denunciados en las nueve fiscalías designadas para conocer las denuncias por la
desaparición de personas.
El resultado final de la impunidad en
estas circunstancias, no solo está generando una sociedad angustiada que vive
en un estado de alerta permanente, ante un aparato gubernamental con una
notoria ausencia de voluntad para resolver las demandas de sus gobernados. Y
una academia que arrastra un rezago en su preferencia por la problemática que
se deriva de la violencia y la inseguridad propia de esta década.
Por lo mismo resulta necesario construir políticas
públicas encaminadas no solo a reparar el daño material de las víctimas con dadivas
y despensas, sino recuperar a los desaparecidos. Sin dejar de lado, la
necesidades económicas que representa la ausencia de la figura económica en las
familias, que se duelen de la desaparición de uno de sus integrantes.
Pero sobre todo se trata de una deuda impagable, que no permite avales ni cargos a participaciones. La sangre gime, dice el gran libro.