El pacto y los abusos de poder
6 Noviembre 2014
Sí: la sociedad está muy enojada. Y tiene razones para estarlo. Son muchos ya los casos de abusos de poder que han quedado impunes en nuestro país. Gobernantes que no asumen su responsabilidad (velar por el bien de sus poblaciones) sino que protegen los intereses de los poderosos. Si la clase política nacional va a firmar un nuevo pacto por la vigencia del Estado de derecho tendrían que comenzar por castigar a los culpables de que exista tanta impunidad en el país.
Podrían comenzar con los gobernantes del Estado de México. Mientras que toda la atención mediática se ha concentrado en Iguala, hemos perdido de vista a la entidad más insegura del país: la que gobernó Peña Nieto y que hoy gobierna sudelfín, Eruviel Ávila.
La Encuesta Nacional de Victimización y Percepción sobre Seguridad Pública (ENVIPE) 2014, recientemente publicada por el INEGI, da cuenta de la crítica situación que vive el Estado de México:
1. Es la entidad con más víctimas para la población de 18 años y más. Mientras que en el país el promedio de víctimas fue de 28 mil 224 por cada cien mil habitantes en 2013, en el Estado de México fue de 47 mil 778 durante el mismo año.
2. Es la entidad con la mayor tasa de delitos para la población de 18 años y más. El promedio nacional fue de 41 mil 563 delitos por cada cien mil habitantes en 2013. En el Estado de México: 93 mil. Una cifra espeluznante: estamos hablando de casi un delito por cada mexiquense durante ese año.
3. Es la entidad donde más delitos se cometieron en 2013 con portación de armas. A nivel nacional fueron el 50.2%. En el Estado de México: 70%.
4. Es la entidad con el mayor número de extorsiones. En 2013 se cometieron un promedio de 9 mil 790 extorsiones por cada cien mil habitantes en todo el país. En el Estado de México este promedio fue de 21 mil 785.
5. No es gratuito, entonces, que sea la entidad con la mayor percepción ciudadana de vivir en la inseguridad: 92.6% de los mexiquenses se siente inseguro debido a la delincuencia. El dato corresponde a 2014. La media nacional es de 73.3%.
Por donde se vea, el Estado de México es un desastre en materia de seguridad. Y no me sorprende porque la institución encargada de investigar los crímenes y llevar a los culpables frente a un juez, la supuesta representación social, está más bien encargada de proteger los intereses y privilegios de los poderosos. Me refiero a la Procuraduría General de Justicia del Estado de México (PGJEM).
El caso Tlatlaya lo retrata a la perfección. La PGJEM mintió para encubrir la presunta ejecución de varias personas por parte de un grupo de soldados el 30 de junio pasado. El 15 de julio recibí un boletín de prensa de esta institución que daba cuenta de todas las supuestas pruebas periciales que había realizado la procuraduría (“medicina legal, rodizonato de sodio, mecánica de hechos, criminalística de campo, inspección del lugar y de los vehículos asegurados, así como las entrevistas a los efectivos militares y a las tres personas femeninas rescatadas en el lugar de los hechos”) para comprobar que “no existieron disparos a corta distancia”, que “las 22 personas fallecidas efectuaron disparos de arma de fuego”, que “hubo un fuego cruzado donde el intercambio de disparos resultó proporcional”, que no tenían “indicio alguno sobre una posible ejecución”, y que “los efectivos militares repelieron una agresión real, actual e inminente y sin derecho por parte de los 22 miembros del grupo delictivo, sin que haya mediado provocación del personal castrense”.
Puras mentiras. Un burdo intento para encubrir la realidad: que los soldados sí ejecutaron a varias personas que ya se habían rendido. Hoy, por la presión internacional, esto ha sido reconocido por las autoridades federales. Tres soldados están detenidos por el delito de asesinato.
La PGJEM y su jefe, el gobernador Ávila, no tienen credibilidad alguna de que están en el negocio de proteger a la población. No. Están en el negocio de la impunidad para proteger los intereses de los poderosos sean estos militares, gente con dinero, políticos influyentes o criminales organizados.
Abusan de su poder. En un país democrático, el gobierno del Estado de México ya hubiera caído por el intento de encubrir la verdad en lugar de hacer justicia. No así en México donde nada le ha pasado a la PGJEM o al gobernador Ávila. Es más: seguramente lo veremos firmar el pacto por la vigencia del Estado de derecho como si nada hubiera pasado.
Pregunta: ¿cómo creerle a un pacto firmado por este tipo de personajes?
Twitter: @leozuckermann