Cuido por decreto para los que se van

23 Agosto 2016

Campanario/Martín Sánchez Treviño

Uno de los indicativos de la vulnerabilidad de los ciudadanos a ser víctimas de la delincuencia en el territorio tamaulipeco, no sólo es el monto de la inversión superior a los 10 mil millones de pesos que el gobierno estatal ha ejercido en el último sexenio, para recuperar la tranquilidad de las familias tamaulipecas. Otro son las versiones de hechos difundidos en las redes sociales que no están lejos del escenario, Un tercer indicativo de que la paz como prosperidad está negada, es la iniciativa de reforma que el propio jefe del ejecutivo estatal saliente está promoviendo ante el Congreso local, para garantizar seguridad para él y tres de sus principales colaboradores en esa tarea delicada de combatir la inseguridad.

Pudiera pensarse que la iniciativa carece de sentido, porque los exgobernadores y sus parientes han gozado durante más de 80 años de priato, del privilegio del “cuido” de ellos mismos, sus parientes, amigos y demás. Sin necesidad de un decreto gubernamental.

Con la distinción de que la seguridad de los exgobernadores priistas la han tenido porque se trataba de sucesiones “tersas” entre militantes del mismo partido. Que lo mismo arengaban malestar entre ellos y hasta la cárcel alcanzó a algunos de sus colaboradores cercanos, pero en fin, sus actos y gesticulaciones eran las propias de la misma familia priísta.

Pero ante la llegada de un gobernador distinto, contrario y ajeno al tricolor, lo recomendable es blindarse, antes de que el nuevo titular del ejecutivo asuma el mando. Sobre todo, porque si entre los propios priístas que eran amigos, socios y compadres, se perseguían, ¿Qué pudiera esperarse de un adversario severo de los priístas contemporáneos?.

Quizá por ese motivo el gobernador saliente Egidio Torre Cantú, decidió dar legalidad y transparencia por medio de una iniciativa de decreto con la que se pretende reformar dos artículos del capítulo VI de la Ley Estatal de Seguridad Pública y de esa manera dar pie a la creación de Dirección de Seguridad Personal e Instituciones, reza la exposición de motivos de la iniciativa de referencia, que precisamente fue aprobada ayer lunes por la Diputación Permanente, figura legislativa que la semana anterior dio entrada al documento y que podría ser aprobada por el pleno en la sesión ordinaria a celebrarse esta misma semana.

También la iniciativa deja abierta la posibilidad para que ciudadanos que no hayan ocupado un cargo público del alto riesgo, como se consideran en la iniciativa puedan gozar de un cuido especial de la fuerza pública, en base a una previa evaluación de riesgos, por parte de la secretaría de seguridad pública

En la exposición de motivos, la iniciativa establece que por el cargo que desempeñan el gobernador, el procurador, el secretario general de gobierno y el secretario de seguridad pública, requieren cuido de la Dirección de Seguridad.

En virtud del riesgo que ante el panorama actual presentan los titulares del ejecutivo, el secretario general de gobierno, el procurador y el secretario de seguridad pública…reza la iniciativa.

La iniciativa de decreto no hace alusión a garantizar la seguridad de otros gobernadores que estuvieron en el cargo y gozan de esos privilegios. Que precisamente en algunos de los casos han sido desde más de una década fungen como administradores de ranchos ganaderos, arrendadores de caballos o choferes de las familias ex gubernamentales.

Pero la iniciativa no esta fue de lugar, porque busca dar sustento legal a una práctica no escrita entre priístas. Sin embargo, pareciera que se busca erradicar vicios de antaño en ese sentido.

Lo cierto es que la sucesión gubernamental avanza cada día y aunque aparenta ser tersa, presenta sobresaltos y gesto irreventes.

La pregunta es, si los legisladores que se van, han pensado en un decreto para devolver la paz como sinónimo de prosperidad a los tamaulipecos, exiliados de sus lugares de origen o mancillados en sus propios pueblos.