Arraigo para el “alcaldito”
15
Enero 2018
Arraigo
para el “alcaldito”
Campanario/Martín
Sánchez Treviño
Ayer fueron los inversionistas de la
actividad primaria quien con pleno derecho exigieron a sus gobernantes que
cumplan los acuerdos establecidos, para fomentar la autonomía alimentaria en este
país y de esta manera fortalecer las demás economías. Y no obstante que los
manifestantes no sumaron miles, no deja de ser una llamada relevante, ante la
inminente renovación del Tratado Comercial de América del Norte, que propicio
en la década de los años noventa la creación de programas compensatorios y
subsidiarios para los agricultores, años después también surgieron programas
para los productores pecuarios y de cultivos perenes.
Pero lo cierto es que más tardaron
en surgir que en desaparecer el Procampo ahora Proagro. Que al inicio
subsidiaba a los agricultores hasta con 300 hectáreas, actualmente al mismo
concepto pero con nombre diferente solamente le permiten a cada productor hasta
30 hectáreas dentro del mismo programa compensatorio.
Ya que la idea era que los productos
agropecuarios mexicanos obtuvieran del Estado un subsidio similar, al que los
países desarrollados otorgan a sus agricultores, ya que en esas regiones del
mundo los hombres del campo perciben compensaciones por la relevancia de su
actividad en el mundo de la productividad alimentaria.
Lamentablemente y es un
justificación, en este país durante la época petrolera no se sanearon las
finanzas del Estado, sino más bien se privilegió el despilfarro de recursos. De
tal manera que los incentivos del diesel agropecuario y marino porque también
el combustible más preciado que la gasolina también lo utilizan los pescadores.
El caso del diesel agropecuario es
patético, ya que la Sagarpa les propuso a los productores que a cambio de
cancelar la tarjeta del diesel escogiera un implemento agrícola o algún otro
concepto de mecanización, a lo que algunos empresarios de labranza accedieron.
El problema vino después, porque los implementos se movían con diesel y este de
estar en 9.30 en el 2011 paso a 18.70 en el 2018.
Así tenemos que en el campo el grito
y el reclamo no solo es de los agricultores, sino también de los ganaderos que
el año anterior les suspendieron el Progan, que la Confederación Nacional
Ganadera obtuvo con gestiones de prominentes ganaderos tamaulipecos, para que a
cada propietario de una unidad de producción obtuviera un ingreso por cada
becerro que nacía en su predio.
El incentivo para los productores
pecuarios inicio con 400 pesos por cada cría, luego aumento a 600 pesos y hasta
el año anterior se entregaron 150 pesos por cría y se anunció que el programa
desaparecería.
Es el mismo clamor de los
agricultores que ayer se manifestaron en el Puente Internacional Pharr-Reyosa,
que exigen a la Sagarpa el pago de 1,200 millones de pesos por concepto de
inducción al cultivo del maíz y sorgo que la propia Sagarpa promueve.
Aunque para algunos, sobre todo
funcionarios pudiera parecer “amarillismo” hablar de estas irregularidades,
pero es grave y preocupante que los agricultores de la frontera estén
protestando, ya que en esa región hay mayor mecanización a menor costo y las
condiciones fronterizas les permiten acceder a las nuevas tecnologías. Qué será
de los productores de otras regiones de esta entidad?.
En otro orden, los diputados del
Congreso tamaulipeco aprobaron una iniciativa para otorgar bonos de
productividad y calidad a los empleados de la administración gubernamental de 3
a 9 salarios. Asimismo Alejandro Etienne y Nohemi Estrella se ocuparon en los
asuntos generales de reconocer las tareas y las acciones del Ejercito Mexicano.
También destaco la participación de Rogelio Arellano Banda, quien hablo a favor
de los agricultores que el martes reclamaron la entrega de recursos en Reynosa
Tamaulipas.
También en Reynosa, un juez de
control decreto medidas cautelares en contra de Hugo Ramírez Treviño, quien se
desempeñaba como secretario técnico del Ayuntamiento de Reynosa, cuyo proceso
017/2018 instruido en su contra, está tipificado por falsificación de
documentos. El caso se conoce con el del “alcaldito”.
Por lo mismo las medidas cautelares
consisten en la separación del cargo, firmas cada semana en ese juzgado y se no
podrá salir de la ciudad de Reynosa hasta en tanto concluya el proceso. El vinculado a proceso y Benjamín Guerrero
Bazaldúa ex secretario del Ayuntamiento de Reynosa habrían fabricado cartas de
residencia para Mario Cantú Gutiérrez y Carlos Ruvalcaba Limas, para que ambos
ocuparan los cargos de secretario de desarrollo económico y director de Transito
respectivamente, en franca violación del código municipal.