Rapiña en el Gremio Unido de Alijadores

Por: Erik Huerta Tampico, Tamps. ( 7 Febrero 2015)Un grupo de socios de lo que fuera por más de un siglo el Grupo Unido de Alijadores y que tuviera fortaleza en el movimiento de carga portuaria en Tampico, este sábado nuevamente se manifestaron por el desmantelamiento de lo que quedó del gremio, el cual en la actualidad estiman en unos 1,500 millones de pesos. Sus operaciones iniciaron en el año 1890, y abrió el auge industrial a México desde Europa y el continente asiático consolidándose como el gremio más sólido en el movimiento portuario en el país. En abril del 2010, la cooperativa que daba trabajo a unas 1,500 personas cerró por malos manejos administrativos bajo la dirección de Ramón Martínez del Ángel. El GUA ya tenía embargado un 40 por ciento de sus propiedades y la API Tampico consideró que ya no tenía “tramo” para sus operaciones. En mes de abril del 2014 la API de Tampico habría considerado que no era solvente y no se cumplió con el 90 por ciento de las condiciones que se les habían fijado para seguir operando en el Puerto tampiqueño, cerrando por completo su operación. El 4 de julio del año pasado se denunció el primer desmantelamiento en terrenos del gremio; una grúa de más de un siglo fue retirada de su lugar. Magdaleno Pérez Juárez, presidente del Consejo de Vigilancia advirtió en ese tiempo, que un grupo de malos administradores pretendían desmantelar lo poco que había quedado de la primera cooperativa de estibadores en México. Este sábado, nuevamente se reunió un grupo de inconformes liderado por Pérez Juárez, y advirtieron que la “rapiña” continúa sin que las autoridades hayan hecho algo al respecto, pues consideran que el grupo de “líderes” cooperativistas tienen protección política. “Desde el 4 de julio que demandamos la destrucción de una grúa de casi 200 años de antigüedad, de 1890 hasta este momento no han presentado ningún involucrado en esa denuncia” asentó. Informó que el GUA lo desmantelan a marchas forzadas; 27 propiedades han entregado en prenda de 92 que existían… el resto está aún con gravámenes por el IMSS, Hacienda y particulares. El monto global asciende a más de 1,500 millones de pesos. En la lista de 27 propiedades perdidas está el edificio de Alijadores, la parte del estacionamiento, propiedades de la calle Díaz Mirón (Cetro Tampico), propiedades del lavadero, “todas esas están entregadas a Don Rubén Rodríguez”. La parte que está en está en la espalda de la Bodega están entregadas a Héctor González Sepúlveda, advirtió. Dijo que Rubén Rodríguez es un particular a quien supuestamente se le debían 155 millones de pesos, “pero no sabemos de qué, porque nunca hubo un informe en donde nos dijeran eso”. A Héctor González se le entregaron por 36.5 millones lo que era el Parque “Iturbide” y seis propiedades del lado veracruzano, mismas que juntándolas tienen un valor de 90 a 100 millones de pesos. Responsabilizan a Ramón Martínez, José Cedillo, Domingo Anguiano y Policarpio Cruz Rivera del desmantelamiento y quienes con falsificación de documentos notariales lograron una Asamblea falsa para colocarse como líderes del gremio. Advierten que tienen protección política. “Estamos acudiendo al Congreso del Estado para que de alguna manera nos apoyen, para que haya más presión... sabemos que Ramón Martínez y José Cedillo están protegidos políticamente, nosotros tenemos que buscar la cuestión política para que nos apoyen”. Continuó diciendo; “Las personas que están haciendo este daño a la cooperativa se ostentan como dirigentes del gremio, calidad que no tiene puesto que la ostentación que ellos hacen, la hacen con documentos falsos”. Manifestó Magdaleno Pérez que el 23 de febrero del 2014 hicieron una falsificación de un acta de Asamblea en donde se nombran Consejo de Administración: José Cedillo, Policarpio y Eleuterio Jaramillo Espinoza, “esa asamblea es falsa, porque no hubo convocatoria y protocolizó el Notario Público 126 Lic. Teresita de Jesús Hernández Pérez y después fue inscrita en el Registro Público de Comercio por la Lic. Lourdes Arangol, la cual sólo lo hizo en el sistema, no cumpliendo con los elementos para que quedara validada”. Explicó que esa acción de la licenciada Arangol le costó el puesto, “cuando quisimos hacer un consejo se encontraron esas deficiencias y se tomaron cartas en el asunto por parte del director del Registro Público. A ella le están abriendo un proceso interno por malos manejos.